Una reflexión a propósito de la legítima defensa

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El debate generado durante la última semana por los hechos ocurridos el pasado jueves 30 de enero en un sector residencial y exclusivo de la ciudad de Bogotá -el barrio Santa Bárbara-, en los cuales resultaron muertos tres presuntos ladrones por la reacción de un médico al accionar su arma de fuego contra estos, quienes pretendían robarlo o secuestrarlo (aún no se aclara esto, como muchos otros elementos que rodean el caso) sirve, sin lugar a duda, para reflexionar sobre el tipo de cultura política predominante en el país.

La reacción inmediata, que más difusión y aceptación tuvo dentro de la opinión pública, fue que el médico, al hacer uso del arma de fuego que portaba en contra de las tres personas que amenazaban su integridad, actuó en legítima defensa. Argumento amparado dentro del marco jurídico colombiano en la Ley 599 de 2000, artículo 32. No obstante, como corresponde en un Estado Social de Derecho, este veredicto lo deben dar los diferentes actores dentro de la rama judicial de acuerdo con las pruebas y testimonios que se logren recolectar.

En este tire y afloje de información, las redes sociales y los comentarios a las noticias publicadas por los medios electrónicos fue otro escenario donde la discusión tomó otro rumbo. Se celebró más la muerte de las tres personas por el hecho de ser señalados como ladrones y no en sí la acción de la legítima defensa. Es decir que la legítima defensa, como un derecho excepcional reconocido en el cuerpo jurisprudencial colombiano, pasó a un segundo plano y la atención se centró en la posibilidad de ejercer la violencia por mano propia. Expresiones como “les dieron su merecido”, “El uso de armas, como el derecho a defenderse por los medios que se tengan a la mano no solo es legal sino éticamente loable”, “Hay es que darles plomo”, “Jajaja lacritas malparidas… Vamos a darnos bala en Santa Bárbara malpariditos pobretones”, “Más jueces como ese doctor en las calles”, “Excelente noticia… Así tiene que ser siempre con esos ladrones”, son algunos ejemplos de la forma como algunos colombianos consideraron y valoraron el episodio. Adicionando a estas justificaciones éticas y morales una clasista al pretender establecer que la muerte de personas designadas como pobres a manos de alguien con suficientes recursos económicos está justificada por el hecho de poner en potencial riesgo sus pertenencias.

Lo que llama la atención de este largo y escabroso repertorio de odio y celebración de la muerte destilado por algunos usuarios en las redes sociales es que sus promotores desconocen, como ya lo hizo en el pasado la clase dirigente de nuestro país con efectos que aún sentimos, que un requisito fundamental para un Estado fuerte y legítimo es que este debe tener el monopolio legítimo de la violencia, es decir, la probabilidad de ejercerla de manera legítima, con actores investidos para ello, contra ciudadanos que intenten violar las normas de convivencia. Esto es parte del contrato social suscripto entre el Estado y sus ciudadanos, en el cual estos últimos renuncian a ejercer cualquier tipo de violencia por su propia cuenta y la delegan en el Estado. Acuerdo que en Colombia nos hemos encargado de quebrantar por algunos períodos de la historia. Basta con ilustrar la creación de las autodefensas campesinas en la década del sesenta y de las Convivir durante los noventa, con la autorización de los gobiernos de turno, bajo el argumento que los ciudadanos tenían el derecho de defenderse de los abusos cometidos por las guerrillas.  

El recurso a que los ciudadanos puedan portar armas de fuego, ejercer la violencia e identificar quiénes deben ser objeto de esta con la autorización del Estado ha sido un invento que nos ha traído más problemas y desgracias que soluciones en la historia colombiana. Propuesta que se eleva, nuevamente, desde sectores de extrema derecha ante la supuesta amenaza que viven los ciudadanos por el aumento de la criminalidad. Lo increíble de la propuesta es que ellos mismos parecen morderse la cola.  

La ocurrencia de este tipo de casos debe llevarnos a una reflexión histórica, cultural y sociológica sobre el tipo de relaciones que hemos construido y las que queremos construir a futuro. Los supuestos ladrones que fueron asesinados por el médico tienen su grado responsabilidad al haber optado por este tipo de actividades como medio de subsistencia, con el agravante que en estas también pudieron haber atentado contra la vida de algún ciudadano. Pero el Estado y la sociedad, como constructos históricos, tienen la obligación de revisar qué acciones se deben llevar a cabo para impedir que las dos anteriores sucedan: que se atenten contra la vida y bienes de una persona, y que se celebre con claros tintes de clasismo, exclusión y discriminación la muerte de un ser humano.