¿Conviene legalizar las drogas en Colombia?

Este trabajo, que intenta una aproximación de respuesta a la pregunta planteada, presenta algunos argumentos contra el prohibicionismo de las drogas consideradas por esta política como ilícitas. A lo largo del desarrollo de este texto, en primer lugar, se manifiesta el origen fundamental que problematiza la situación de las drogas. En segunda instancia, se presentan los efectos adversos que desencadena la política prohibicionista. En tercer lugar, se anuncian algunas políticas alternativas al prohibicionismo. En último lugar, se expone una conclusión ubicada con mayor particularidad en el caso colombiano.

Ahora bien, los culpables del problema de las drogas no son los campesinos cultivadores ni los consumidores. Aun así, tampoco son los narcotraficantes a pesar de la actividad violenta que cometen, ni las autoridades por corruptas e hipócritas que deriven en ocasiones sus actuaciones. El origen del problema está en la existencia de una política equivocada a nivel internacional, fundada en la prohibición absoluta de unas drogas que, en medio de la prohibición oficial, cuentan con una demanda importante y una cierta aceptación social. En tales circunstancias, los costos del prohibicionismo en términos de criminalidad, violencia, corrupción, autoritarismo, restricción de libertades individuales, sobrecarga del aparato judicial, inestabilidad institucional, deterioro de las relaciones internacionales e incluso desprotección del consumidor superan los eventuales beneficios que pueden lograrse a través de lo que con Araceli Manjón-Cabeza se conocen como las falacias del prohibicionismo: prohibición de una sustancia para reducir su disponibilidad y criminalizar el consumo para disminuir su utilización (2012: 24). Esta política prohibicionista ha fracasado, pues a pesar de que se han aumentado los recursos y la intensidad de la represión, lo cierto es que la oferta no ha hecho sino aumentar.

Sin embargo, tal vez lo más grave no es la ineficiencia de las actuales políticas prohibicionistas. Lo más perjudicial de ellas es que si bien fracasan en conseguir el objetivo de reducir la oferta de las drogas declaradas ilegales, en cambio son muy exitosas en provocar múltiples efectos perversos. En primer lugar, la prohibición consolida una poderosa economía ilegal internacional basada en las ganancias extraordinarias provenientes de la ilegalidad. En segundo lugar, la prohibición sobrecarga el aparato judicial penal. En tercer lugar, la prohibición induce conductas delictivas en algunos usuarios que recurren a robos o atracos para procurarse un producto costoso. En cuarto término, la prohibición fomenta la creación de un derecho penal cada vez menos liberal y con mayores restricciones a garantías ciudadanas. En quinto lugar, la droga estimula comportamientos racistas, pues se sabe lo que hoy significa, a nivel internacional, ser colombiano.

Según los datos anteriores, en síntesis, la prohibición tiene no solo efectos adversos, sino que facilita la consolidación de dispositivos autoritarios de control social más propios de Estados narco-policiales que de Estados de derecho. Por consiguiente, esta situación, de acuerdo con Mario Vargas Llosa conduce “al suicidio de la democracia” (Avatares de la marihuana, 2010). En este sentido, la paradoja del prohibicionismo es que, a pesar de hacerse en nombre de la salud pública, las actuales políticas no se han traducido en una mayor protección al consumidor, sino todo lo contrario. De una lado, porque la combinación de tratamiento médico con la amenaza de sanción penal termina por marginar al consumidor. Y en gran medida esa marginalidad, más que el uso de la droga en sí misma, es la que provoca los más graves efectos al usuario. Así, la marginalidad del consumidor de heroína, por ejemplo, lo obliga a utilizar jeringas usadas, lo que produce un aumento alarmante del Sida.

La prohibición, lejos de permitir un mayor control de la producción, distribución y consumo de las drogas ilícitas, somete a los usuarios a redes violentas de distribución, junto con los efectos adversos que se han señalado. Los costos de la prohibición son entonces enormes, mientras que su único eventual beneficio (disminución del abuso de las drogas ilícitas gracias a la intervención punitiva del Estado) es incierto. En muchas ocasiones no son las drogas las que matan, sino la prohibición, y esto por cuanto en muchos aspectos las drogas no son prohibidas porque son peligrosas, sino que terminan siendo peligrosas porque son prohibidas. Con ello no se quiere decir que sustancias como el bazuco o la heroína no tienen riesgos: sencillamente se insiste en que en la mayoría de los casos de los efectos más devastadores del abuso de las drogas no provienen de los efectos farmacológicos de estas, sino de las condiciones de ilegalidad en que el consumo es efectuado.

Lo anterior conduce a interrogantes sobre la necesidad de encontrar políticas alternativas al prohibicionismo. Sin embargo, a esa búsqueda se oponen varias objeciones. Por ejemplo, algunos consideran que la eliminación de la prohibición es una rendición moral. Pero este argumento parte de una concepción fundamentalista y equivocada sobre el sentido del derecho penal, pues se cree que este existe para sancionar, cueste lo que cueste, todas las conductas consideradas inmorales. Y eso no es cierto, ya que una concepción democrática y moderna del derecho limita su intervención a evitar que unos ciudadanos dañen a otros, siempre y cuando no haya otros medios para evitar esas conductas perjudiciales.

Una objeción seria que puede plantearse es que la eliminación de la prohibición podría ocasionar aumentos dramáticos de los abusos de drogas por la radical caída de los precios y por la disminución del reproche social hacia el consumo. Pero como señala Mario Vargas Llosa:

 La legalización de las drogas no será fácil, desde luego, y, en primer momento, como señalan sus detractores, traerá sin duda un aumento del consumo, sobre todo, en sectores juveniles. Por eso, la descriminalización sólo tiene razón de ser si viene acompañada de intensas campañas informativas sobre los riesgos y perjuicios que implica su consumo, semejantes a las que han servido para reducir el consumo del tabaco en casi todo el mundo, y de esfuerzos paralelos para desintoxicar y curar a las víctimas de la drogadicción.

Pero el efecto más positivo e inmediato será la eliminación de la criminalidad que prospera exclusivamente gracias a la prohibición (Avatares de la marihuana, 2010).

 Además, las estrategias prohibicionistas olvidan la distinción fundamental que existe entre el uso y el abuso de las drogas. Ya incluso en el siglo XVI, Paracelsus, médico del Renacimiento, manifiesta: “Dosis sola facit venenum”, es decir, solo la dosis hace el veneno. Por eso, si bien el levantamiento de la prohibición puede implicar el aumento de ciertos consumos, no tiene por qué obligatoriamente traducirse en abusos trágicos y generalizados. En ese sentido, “Lo anterior solo deja una salida: acabar con el prohibicionismo y sustituirlo por un sistema de legalización controlada por el Estado” (Manjón-Cabeza, 2012: 25). En tal circunstancia, la política estatal debe propiciar un equilibrio entre dos imperativos: lo suficientemente flexible en materia de precios y reglas de distribución para evitar la extensión indebida de un mercado paralelo, pero igualmente tiene que ser lo suficientemente severo para desestimular los abusos de droga. Esto en principio no es fácil, pero, en forma pragmática, se puede poco a poco encontrar las mejores soluciones alternativas.

¿Y qué puede hacer Colombia? En primer lugar, abandonar el mito de que se puede llegar a un mundo sin drogas. Pero además, debe lanzar en asocio con otros países discursos educativos alternativos que tiendan a abrir paso a políticas diferentes del prohibicionismo. Colombia, por ejemplo, puede buscar el apoyo de países con posiciones más liberales como Holanda, España y Portugal. Por lo que sigue, pero no por ello menos importante, los colombianos pueden poner en marcha a nivel interno algunos aspectos de políticas alternativas como la despenalización integral del consumo, la recuperación de usos tradicionales y usos con fines medicinales de sustancias como la marihuana y la corrección de la legislación penal antidroga para adaptarla a los principios fundamentales de los derechos humanos.

En conclusión, el debate debe permanecer abierto y en ese mismo orden, los colombianos deben dejar de creer de manera radical que la necesaria lucha contra las narcoviolencias en algo contribuye a solucionar el problema de las drogas. No se tiene por qué hacer de la necesidad de respetar la prohibición para evitar sanciones internacionales una virtud. Por eso se debe dejar de considerar un sentimiento de que los colombianos son los cruzados de la salud mundial, puesto que no son los héroes de la lucha contra un gran flagelo internacional, sino las víctimas de una de las políticas internacionales más equivocadas que han existido: la prohibición y la guerra a las drogas.

 

Referencias

 Manjón-Cabeza, A. (2012). La solución. Bogotá: Editorial Debate.

 Vargas Llosa, M. (2010). Avatares de la marihuana. El País. Recuperado de: http://elpais.com/diario/2010/11/07/opinion/1289084411_850215.html